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¿Qué está pasando en Cotabambas?

El pasado viernes 14 de octubre estalló nuevamente el conflicto  en torno a la mina Las Bambas. Un grupo de personas de comunidades campesinas de la zona tomó la carretera por donde transitan los camiones que transportan los concentrados de cobre y molibdeno. La policía intentó desalojarlos, la gente se resistió y el enfrentamiento terminó con el inaceptable saldo de un muerto y varios heridos.

 

El reclamo de estas comunidades de Antillo – Choccecca, Pumamarca y Allahua  es que la empresa asuma el impacto ambiental que ocasiona el transporte minero, pero además que se les pague por las tierras que ocupa la carretera y que son de propiedad comunal.

 

Dejaremos, el tema del impacto ambiental para más adelante para centrarnos en el tema de propiedad de las tierras. 

 

Antes de convertirse en carretera, en la zona existía una vía tipo trocha, que unía algunas comunidades del lugar. Luego, desde hace algunos años, la empresa llegó a acuerdos con las comunidades para el uso de esa vía, durante la construcción de la mina. Terminada esa fase, correspondería la reposición de las tierras a sus propietarios. Sin embargo, ello nunca ocurrió.  Sobre esa trocha se estableció, sin consulta ni conocimiento de la población, una carretera que en algunos  tramos ha sido clasificada como vía vecinal y en otros como vía regional, ambas partes de la Red Vial Nacional.  En términos prácticos, parte de los territorios comunales han sido despojados para convertirse en una vía de dominio público, carretera que pertenece al Estado y está destinada al uso de todas las personas.

 

Al ver afectados sus derechos de propiedad, las comunidades despojadas reclaman ser compensadas y han dirigido principalmente sus reclamos a la empresa minera.  Sobre este tema, la empresa ha tenido un diálogo  directo con alguna de esas comunidades.

 

El problema de la carretera ha sido planteado por la sociedad civil en la Mesa de Diálogo de la provincia de Cotabambas hace varios meses y fue abordado en la reunión del 6 de octubre. Sobre los impactos del traslado diario de más de 250 camiones de alto tonelaje (polvo, ruido y vibraciones sobre población, animales, cultivos y  pastizales  del entorno); se planteó como solución principal el  asfaltado de la vía, que a la fecha se encuentra solo afirmada. Para ello los representantes del ejecutivo anunciaron que ya se había conformado una comisión multiactor, acordándose la incorporación de un representante de la sociedad civil. Los dirigentes insistieron en que se identifique a los afectados y se inicie el saneamiento físico legal de las tierras.

 

Además, la realización de estudios complementarios para la prevención y mitigación integral de los impactos. En la reunión el ejecutivo informó que el saneamiento de las tierras estaba previsto como parte del proceso previo al asfaltado.

 

Además, el gobierno regional de Apurímac y los dirigentes que conforman la Mesa solicitaron que la vía sea categorizada como vía nacional, para que sea el gobierno nacional quien se haga responsable del asfaltado,  mantenimiento y fiscalización ambiental de la misma. Lamentablemente,  más allá del compromiso, nadie del gobierno ha salido a dar conocer el acuerdo y mucho menos a informar sobre los pasos de su implementación.  Solo los dirigentes provinciales, han realizado algunas acciones informativas.

 

Ante ello, otras voces han salido a la palestra, señalando que la Mesa de Diálogo es ineficaz  en la solución de los problemas y que lo habría que buscar es el trato directo con la empresa minera.  Lo cierto es que, un proyecto minero de las dimensiones de Las Bambas, debió planificar desde el inicio el diseño de sus operaciones a detalle, que incluya el saneamiento legal y el menor impacto sobre los derechos a la propiedad, a la salud y al medio ambiente de las comunidades y población de su entorno. Sobre la carretera, la empresa titular de Las Bambas se limitó a establecer relaciones particulares insostenibles para  el transporte masivo de mineral por más de 30 años a través de pequeños contratos sobre los territorios comunales; alimentando las expectativas, demandas e incertidumbre de los afectados.

 

Ante lo ocurrido creemos que es necesario que el Gobierno Nacional adopte un rol más protagónico y pro-activo, que demuestre su imparcialidad y su compromiso con el bienestar general y los derechos humanos. Solo así se podrá construir escenarios de mayor confianza y re-establecer la paz social.

Fuente: http://cooperaccion.org.pe/

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